Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz afirmaron que “procede la imposición –mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, como es suspender las actividades del máximo tribunal del país.
El señalamiento lo realizaron las togadas luego de que ayer en sesión privada, ocho ministros votaron por suspender labores de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se sumaron al paro de actividades que realizan jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y proyectistas, así como algunos trabajadores sindicalizados de manera individual.
Esquivel, Batres y Ortiz señalaron también que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación “es terminante en señalar que incurre en responsabilidad” quien suspenda el desempeño de las funciones o labores que tenga a su cargo, y no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los ministros.
Las togadas expusieron que “el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga”, y así lo establecen “múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la segunda sala”.
