La Cámara de Diputados aprobó en lo particular por 350 votos en favor y 111 en contra, la reforma mediante la cual Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperan la categoría de “empresas públicas del Estado” y se establece que esta última debe tener un carácter preponderante en el sector eléctrico, con respecto a las compañías privadas.
El debate, que de por sí se alargó por casi 14 horas, se hizo aún más extenso cuando se aceptó a debate y finalmente fue avalada una reserva presentada por la morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva, mediante la cual se suprimió la obligación del Estado de conducir la transición energética.
Alrededor de las 11 de la noche del miércoles, cuando se desahogaban las 260 reservas que se propusieron a la reforma que poco antes ya se había aprobado en lo general, Ayala subió a tribuna para proponer tres modificaciones al dictamen.
La principal de ellas consistía en omitir del artículo 27 constitucional un párrafo que, en agosto en comisiones, propuso el Partido Verde, y que no estabas incluida en la iniciativa original del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero pasado.
En esa redacción incluida en comisiones hace dos meses, se preveía establecer que “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
De igual forma, la legisladora propuso añadir en el artículo 28 de la Carta Magna que los ferrocarriles “tanto para transporte de pasajeros como de carga” deben considerarse áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y sustituir la palabra “concesiones” por “asignaciones”, en ese mismo apartado constitucional.
Sin embargo, fue el punto de la transición energética el que encendió un debate de casi dos horas en el que los partidos mayoritarios y la oposición se trenzaron en una serie de acusaciones mutuas sobre la pertinencia o no de que el Estado asumiera en solitario la responsabilidad en dicho tema.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna hasta en dos ocasiones para asegurar que el propósito de la reserva era abrir la puerta a la iniciativa privada para que participara en el proceso de transición energética.
“Es lógico que el cansancio nuble la razón, pero si se lee bien lo que señala la reserva, lo que se presentó es profundo, porque si no se modifica el dictamen, entonces el Estado sería el único responsable de la transición energética, y eso no sería posible porque el Estado no tiene la capacidad económica” y no se respetaría el compromiso de la presidente Claudia Sheinbaum de que los inversionistas en esta materia tengan certeza jurídica, y promover energías limpias.
Luego de ser cuestionado por MC y PAN al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política insistió: “es muy fácil tratar de confundir. La propuesta (de reserva) es una corrección a tiempo para que el Estado no sea el único prestador del servicio de energía eléctrica. Si no se suprime, el Estado estaría obligado exclusivamente a estar a cargo de la transición energética y no se aceptaría ninguna inversión privada”.
Ante las críticas de la oposición por el sentido de la reserva, el también morenista Leonel Godoy ironizó en la tribuna: “¡este debate es el mundo al revés! Nos acusaban de ‘estatistas’, y eliminar este párrafo busca dejar claro que la iniciativa privada también participa en la transición energética. ¡Es incongruencia y estar en contra de todo!”
El recién nombrado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales enfatizó que Morena y sus aliados buscan la participación de la iniciativa privada en el tema de la transición energética, pero al mismo tiempo dejar claro que las políticas públicas sí son responsabilidad única del Estado.
