Pos, ¿qué creen? En México, la palabra “reforma” suele despertar pasiones, sobre todo cuando se trata de cambiar las reglas del juego político. Hoy, con la reforma electoral en la mesa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no se trata de una discusión exclusiva de comentócratas ni de pasillos legislativos; será un proceso abierto a la gente, con foros y encuestas que medirán el pulso ciudadano en temas clave: el financiamiento de los partidos y la reducción de legisladores plurinominales.
Y es que la decisión de colocar a Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no es fortuita. Su trayectoria, marcada por la defensa de la democracia y la participación en anteriores cambios a la ley, lo convierte en una figura incómoda para la oposición, pero sólida para quienes buscan una reforma que no se diluya entre intereses partidistas. Frente a las críticas, Sheinbaum recordó que en el pasado, las autoridades electorales estuvieron encabezadas por personajes ligados a episodios oscuros, como el fraude electoral de 2006, que manchó de ilegitimidad la llegada de Felipe Calderón.
La mandataria coincide con la oposición en preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y su control del padrón, pero insiste en dos puntos donde hay amplio consenso social: reducir el financiamiento a los partidos y disminuir el número de plurinominales. Ninguna encuesta seria desmiente que la ciudadanía está cansada de mantener con dinero público a estructuras partidistas obesas y alejadas de las necesidades reales de la población.
Resulta y resalta que este esfuerzo no debe verse aislado. México enfrenta una doble urgencia: la reforma electoral y la del Poder Judicial. Una sin la otra es incompleta. Las reglas democráticas se debilitan cuando el árbitro electoral se enfrenta a un sistema judicial que permite, por omisión o por intereses, que los fraudes y abusos queden impunes. Si las elecciones deben ser limpias y transparentes, los jueces deben estar igualmente sometidos al escrutinio ciudadano y libres de privilegios que los blinden de la rendición de cuentas.
La nueva comisión electoral, integrada por perfiles con experiencia en gobierno, justicia y política, tiene un mandato claro: convocar al pueblo, analizar, proponer y elaborar un marco que devuelva confianza a las urnas. El reto es monumental, porque toca fibras sensibles del sistema político: el dinero, el poder y la representatividad.
Aprobada, esta reforma podría cerrar una etapa de excesos partidistas y abrir un ciclo donde la política recupere su carácter de servicio público, no de negocio personal. Pero para que ese cambio sea real, debe caminar de la mano con una transformación profunda del Poder Judicial. Sin jueces honestos, ninguna elección será plenamente confiable; sin elecciones confiables, ningún juez tendrá autoridad moral para impartir justicia.
En ambas reformas está la posibilidad de reescribir la relación entre ciudadanía, poder y justicia. No se trata sólo de leyes; es una oportunidad histórica para limpiar las arterias obstruidas de la democracia mexicana. Y esa, nos guste o no, es una urgencia que ya no admite prórrogas.
Por eso somos los rompenueces.
