Pos la aprobación de la reforma judicial en 18 congresos locales ha sellado lo que ya se considera uno de los cambios más trascendentales del actual sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado este avance como un «logro histórico», pues con su aval en la mayoría de las entidades federativas, la reforma al Poder Judicial ya es constitucional. Este hecho marca un antes y un después en la estructura del sistema judicial en México, y también representa un duro golpe para el conservadurismo y la derecha mexicana, que por décadas mantuvieron una notable influencia en este poder del Estado.
La derecha mexicana, amparada en las élites del poder económico y político, había hecho del Poder Judicial su fortaleza. Durante años, esta institución fue vista por muchos como un bastión de protección para intereses particulares, con magistrados y jueces que, en gran parte, fueron colocados por administraciones pasadas que respondían a estos sectores. No es casualidad que, ante la reforma, este sector haya levantado la voz de manera tan enérgica y desesperada, intentando evitar lo inevitable: un cambio que desmantela las viejas prácticas y abre las puertas a una mayor participación ciudadana en la elección de los jueces, lo cual es, en esencia, la clave de esta transformación.
La reforma judicial ha sido avalada por congresos estatales en 18 entidades: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Este respaldo es un reflejo de que las mayorías estatales coinciden en la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial del país. De acuerdo con el procedimiento constitucional, una reforma de este calibre requiere la aprobación de más de la mitad de los congresos locales, es decir, de al menos 17 entidades. Con la ratificación de 18 congresos, no solo se cumple el mínimo requerido, sino que se sobrepasa, lo que valida aún más el proceso.
Y es que esta aprobación significa que el Poder Judicial ya no será el mismo. La reforma incluye aspectos fundamentales que sacuden los cimientos de una institución que, en muchos casos, había sido percibida como inamovible y ajena a las necesidades del pueblo. López Obrador ha dejado en claro que uno de los puntos neurálgicos de esta reforma es devolver el control del sistema judicial al pueblo, terminando con los privilegios de las élites que mantenían una fuerte influencia en los nombramientos y decisiones de este poder.
Uno de los elementos que más ha generado polémica en la reforma es la propuesta de que los jueces sean electos por voto popular. Esto ha sido duramente criticado por sectores conservadores que temen perder el control sobre los procesos de nombramiento en el Poder Judicial. Sin embargo, para López Obrador y sus simpatizantes, esta es la máxima expresión de la democracia: «Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes», afirmó el presidente.
Durante décadas, los jueces en México fueron designados a través de procesos que, en muchos casos, se encontraban bajo la influencia de las élites políticas y económicas. Estos nombramientos respondían a intereses que no siempre coincidían con el bienestar general de la población. Ahora, con esta reforma, el pueblo será quien tenga la última palabra en la designación de los jueces, lo que, según López Obrador, no solo fortalece la democracia, sino que también garantiza una justicia más cercana y accesible para todos los mexicanos.
Resulta y resalta que la derecha mexicana se encuentra en una encrucijada. Esta reforma judicial es el reflejo de un cambio de época en la política nacional, donde las viejas estructuras de poder que gobernaron el país durante gran parte del siglo XX y principios del XXI han comenzado a desmoronarse. El conservadurismo, que por años se apropió de las instituciones del Estado, ha visto cómo, en este sexenio, se han desmantelado muchas de las redes de influencia que mantenían intactas sus prerrogativas.
Uno de los temores más grandes de la derecha es que la reforma judicial acabe con el sistema de protección que el Poder Judicial les había ofrecido. Bajo el argumento de mantener la «independencia» de este poder, lo que en realidad se lograba era mantener a figuras clave dentro de la estructura judicial que favorecieran intereses particulares. Con la democratización en los nombramientos, estas redes de influencia perderán su poder, dando paso a un sistema más transparente y accesible para la ciudadanía.
Por eso somos los rompenueces.
