En una decisión que marca un hito en la defensa de los derechos constitucionales en Estados Unidos, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito declaró inconstitucional la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que intentaba suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular o temporal. Con una votación dividida de 2 a 1, el tribunal ratificó el fallo de un juez federal de Seattle que previamente había bloqueado la medida por contravenir principios fundamentales de la Constitución.
La resolución de la corte de apelaciones representa el primer pronunciamiento de este nivel judicial sobre el tema y allana el camino para que eventualmente la Suprema Corte de Justicia lo aborde. En el fallo, los jueces coincidieron en que la interpretación de la orden ejecutiva de Trump constituye una violación directa a la Enmienda 14, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
“El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta de la orden ejecutiva es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”, escribió la mayoría en su opinión.
Durante su administración, Trump impulsó una política migratoria agresiva centrada en la expulsión acelerada de migrantes y la criminalización del ingreso irregular. Como parte de esa campaña, promovió interrogatorios a adolescentes migrantes entre 14 y 17 años que llegaron sin compañía adulta, para inducirlos a firmar su salida “voluntaria” del país. Aquellos que se negaban eran enviados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, mientras que quienes aceptaban eran puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A la par, el ICE ordenó en junio colocar tobilleras electrónicas a los más de 180 mil migrantes inscritos en su programa de Alternativas a la Detención, con el fin de reforzar su vigilancia mientras esperan una resolución judicial. Aunque el programa ya contemplaba mecanismos de control, solo una fracción de los migrantes usaban estos dispositivos hasta ahora.
En otro frente judicial, el Departamento de Justicia demandó a la ciudad de Nueva York por su política de ciudad santuario, acusando a su administración de obstruir la aplicación de las leyes migratorias federales. La demanda apunta directamente contra el alcalde Eric Adams y funcionarios locales por brindar protección a migrantes sin autorización.
