Pos, ¿qué creen? La iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no es solo una respuesta a la creciente violencia del crimen organizado en México, sino también un mensaje contundente sobre la soberanía nacional en tiempos de presión internacional. La propuesta, que fortalece el marco legal contra el terrorismo y prohíbe cualquier intervención extranjera en la seguridad y justicia del país, llega justo después de que Estados Unidos designara a seis grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas globales.
Y es que el gobierno de Sheinbaum busca dejar claro que, si bien existe una colaboración estrecha con Washington en temas de seguridad, esta no puede traducirse en un intervencionismo disfrazado de cooperación. La historia de la relación bilateral en materia de seguridad está llena de ejemplos donde la injerencia estadounidense ha sido disfrazada de ayuda, desde el fallido operativo Rápido y Furioso hasta las presiones para modificar estrategias de combate al narcotráfico.
Con esta reforma, el artículo 40 de la Constitución tendrá un blindaje explícito contra cualquier acción que atente contra la integridad del país, incluyendo golpes de Estado, manipulaciones electorales y violaciones al territorio nacional por tierra, mar o aire. El mensaje es claro: México no está dispuesto a tolerar imposiciones desde el extranjero.
Resulta y resalta que es relevante señalar que el concepto de terrorismo que introduce la iniciativa también genera un debate. Sheinbaum ha subrayado que este delito tiene como objetivo desestabilizar gobiernos, diferenciándolo de la violencia generada por los cárteles. Sin embargo, la coincidencia de esta reforma con la declaración de Estados Unidos levanta suspicacias: si bien la iniciativa refuerza el discurso de defensa de la soberanía, también podría ser una estrategia para anticiparse a eventuales presiones de Washington que busquen una intervención directa en territorio mexicano.
La medida también apunta a la oposición interna. En la historia reciente de América Latina, las fuerzas conservadoras han utilizado el argumento del “rescate institucional” para justificar intentos de desestabilización. La inclusión de terrorismo en el catálogo de delitos graves podría convertirse en un mecanismo para evitar que actores políticos ligados a intereses extranjeros busquen deslegitimar al gobierno con narrativas de crisis.
Más allá del aspecto legislativo, Sheinbaum también ha puesto el foco en la venta de armas desde Estados Unidos. La estadística es alarmante: 74% de las armas incautadas en México provienen del país vecino. Mientras en Washington se apunta contra los cárteles mexicanos, el gobierno de México ha intensificado su ofensiva legal contra los fabricantes de armas estadounidenses, buscando que sean considerados responsables por el flujo de pertrechos que terminan en manos del crimen organizado.
La reforma de Sheinbaum no es solo una cuestión de seguridad interna, sino un ajuste en la relación de fuerzas con Estados Unidos. Al establecer líneas rojas contra el injerencismo y reforzar el control sobre los delitos de carácter transnacional, el gobierno busca consolidar su posición frente a la presión externa y las amenazas internas. La aprobación de esta reforma definirá, en gran medida, el tono de la política exterior y de seguridad durante su sexenio.
Por eso somos los rompenueces.
