La decisión del gobierno de Donald Trump de revocar la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos generó una reacción inmediata del gobierno mexicano, que consideró que “no había razón” para aplicar tal medida. La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), anunciada el martes por el secretario de Transporte, Sean Duffy, acusa a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo, y marca un nuevo capítulo en la relación regulatoria entre ambos países.
Expertos en transporte y comercio internacional advierten que esta medida podría tener un trasfondo político y económico. Fernando Gómez, asesor de inversionistas de aeropuertos, aseguró que la revocación de rutas podría estar relacionada con el traslado de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). “Se trata de una forma de presión indirecta en el contexto de la renegociación del T-MEC, que se llevará a cabo el próximo año”, explicó Gómez.
El impacto de la revocación podría ser considerable para las aerolíneas y los pasajeros. Gómez detalló que aproximadamente el 60 por ciento de los vuelos que salen de México tienen como destino Estados Unidos, y que la reducción de rutas afectará principalmente los periodos de mayor demanda, como las vacaciones de fin de año y los preparativos para el Mundial de 2026. Entre las consecuencias también se encuentran posibles reducciones de personal en las aerolíneas, así como una disminución en la conectividad y comunicación entre ambos países.
La medida pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el papel estratégico del AIFA como nuevo hub internacional, mientras que el gobierno de Estados Unidos parece buscar influir en decisiones de infraestructura y operación aérea mexicana como parte de su estrategia en el marco del T-MEC. Analistas consideran que el diferendo no solo refleja cuestiones regulatorias, sino también intereses comerciales y políticos, que podrían extenderse a otros sectores del comercio bilateral si no se alcanza un acuerdo previo a la renegociación del tratado.
