Pos, ¿qué creen? México ha comenzado a escribir una nueva historia. La escena, por sí sola, encierra una ruptura con todo lo conocido: un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rodeado de pueblos originarios, en el sitio arqueológico de Cuicuilco, recibe el respaldo de sabias y sabios indígenas para iniciar su gestión. La Corte, aquella institución que por décadas se inclinó ante los poderosos y blindó intereses privados, comienza a dar señales de que la brújula ha cambiado.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo para presidir el máximo tribunal del país, lo dijo con claridad: esta será una Corte distinta. No guiada por el poder ni por el dinero, sino por el servicio al pueblo. Sus palabras, pronunciadas con la solemnidad de quien sabe que carga un mandato histórico, marcan un parteaguas. No se trata de una frase vacía: es el compromiso explícito de alejar a la justicia del servilismo que la caracterizó durante los años en que la SCJN fue escudo de privilegios y cómplice de abusos.
Y es que la ceremonia no se realizó en un frío salón de mármol, sino en un espacio cargado de memoria: Cuicuilco, lugar sagrado, donde el fuego antiguo dialoga con la modernidad de un país que exige cambios. Allí se celebró la consagración de los bastones de mando, un gesto simbólico que no debe subestimarse. Porque en esa acción se reconoce la raíz indígena de la nación, y al mismo tiempo, se establece que la justicia no puede volver a ser un asunto de élites aisladas de la realidad social.
Resulta y resalta que el nuevo presidente de la Corte subrayó que no solo somos materia, sino también inteligencia y espíritu. Esa afirmación es un recordatorio de que la justicia no puede reducirse a expedientes y tecnicismos. Tiene que ser también ética, sensibilidad y, sobre todo, humanidad. Que los ministros reciban sus bastones de mando en el Zócalo capitalino, en el corazón del país, no es casualidad: es la manera de situar a la justicia en el centro de la vida pública, bajo la mirada de todos.
Durante décadas, la SCJN fue, en los hechos, un muro contra las transformaciones. Blindó a expresidentes, validó fraudes electorales, justificó reformas neoliberales que empobrecieron a millones. El pueblo veía a la Corte como un ente distante, que hablaba un lenguaje ajeno y que siempre terminaba favoreciendo al más fuerte. Hoy, la posibilidad de un cambio real está sobre la mesa. Por supuesto, el reto es monumental: no basta con la ceremonia ni con las palabras; habrá que traducirlas en decisiones, sentencias y actos de independencia genuina frente a los poderes fácticos.
El accidente del ministro Arístides Guerrero García y la ausencia de otros integrantes de la nueva Corte no opacaron la fuerza del momento. Aguilar Ortiz lo dejó claro: se está formando un equipo distinto, con otra visión, otro espíritu y otro ánimo. Esa declaración es, también, una advertencia para quienes esperan que todo siga igual.
México inicia, entonces, un capítulo inédito. La justicia, tantas veces secuestrada por intereses de partido, empresariales o criminales, tiene la oportunidad de reconciliarse con el pueblo. Y el pueblo, a su vez, tiene la obligación de vigilar, exigir y recordar a los ministros que su poder emana de él.
Cuicuilco fue testigo del inicio de esta etapa. El fuego ancestral iluminó el mensaje: la justicia ya no será patrimonio de unos cuantos, sino servicio colectivo. México deja atrás la Corte del pasado y abre la puerta a una institución que, si cumple su palabra, será motor de dignidad y esperanza.
Por eso somos los rompenueces.
