Pos el avance del proceso que permitirá al pueblo elegir a sus jueces, magistrados y ministros ha superado incluso las expectativas más optimistas, consolidándose como un hito en la transformación democrática de México. A pesar de los intentos de la oposición —representada por el PRIAN y respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— para desacreditarlo, el registro de casi 50 mil aspirantes marca un antes y un después en la construcción de un sistema judicial verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Este logro no ha sido casualidad ni resultado de esfuerzos improvisados. El registro masivo refleja no solo la magnitud del proceso, sino la voluntad de miles de mexicanos por participar en una transformación que busca desmantelar los privilegios de una élite judicial que, durante décadas, ha mantenido al sistema de justicia como un espacio inaccesible para el pueblo.
Y es que desde el inicio, los grupos de poder opositores intentaron obstaculizar este cambio. Alegaban que elegir a los jueces mediante el voto popular pondría en riesgo la autonomía del Poder Judicial y su capacidad técnica. Pero, ¿qué había detrás de esos argumentos? La realidad es que el PRIAN y la SCJN veían amenazados los privilegios de un modelo que durante décadas ha beneficiado a las cúpulas, mientras el acceso a la justicia para las mayorías permanecía como una asignatura pendiente.
Este proceso, lejos de lo que sus detractores afirman, ha demostrado un nivel de rigor y transparencia sin precedentes. La ministra Yasmín Esquivel ha reiterado que no hay espacio para injerencias partidistas, ideológicas o de poderes fácticos. Cada comité ha establecido filtros sólidos, que incluyen desde los requisitos constitucionales básicos hasta evaluaciones técnicas y de experiencia profesional.
Resulta y resalta que lo más alentador de este proceso es que el filtro definitivo será el voto popular, una herramienta que empodera a la ciudadanía para decidir quiénes ocuparán las posiciones clave en el sistema judicial. Tal como señaló la ministra Lenia Batres, “hay un pueblo muy exigente que puede escoger perfiles magníficos”. Este enfoque no solo rompe con el paradigma de una justicia elitista, sino que pone en el centro a quienes deberían ser los protagonistas de cualquier democracia: los ciudadanos.
El registro masivo ha sido cuestionado por algunos sectores, que sugieren que el padrón podría estar inflado. Sin embargo, las ministras involucradas en el proceso han explicado que los filtros establecidos garantizarán que solo los aspirantes idóneos avancen. La ministra Batres destacó que, aunque algunos aspirantes se inscribieron en varias listas, los comités tienen la capacidad de depurar el registro y asegurar que el proceso sea completamente legítimo.
Además, el compromiso de los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para subsanar cualquier falla técnica en el proceso de inscripción ha reforzado la confianza en el sistema. Las plataformas que presentaron saturaciones fueron reparadas rápidamente, lo que permitió que el registro fluyera sin irregularidades significativas.
Este esfuerzo no solo busca garantizar la preparación técnica de los nuevos jueces, sino también acercar la justicia a la gente. Como subrayó la ministra Esquivel, el objetivo es construir un Poder Judicial de puertas abiertas, cercano a la ciudadanía y comprometido con la justicia social.
El proceso para elegir a los jueces mediante el voto popular no es solo un avance técnico, sino un cambio de paradigma que fortalece la democracia. Frente a las trabas de los opositores, el pueblo ha demostrado que está listo para tomar las riendas de su destino. La elección de jueces por voto popular no solo marca un cambio estructural, sino que simboliza la lucha por un sistema judicial que realmente represente los intereses de la mayoría.
Así, México da un paso firme hacia un futuro donde la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible para todos.
Por eso somos los rompenueces.
