Pos, ¿qué creen? En la receta perfecta del conflicto comercial, bastan tres ingredientes: una economía poderosa, un vecino incómodo y un cultivo rojo que alimenta las tensiones. Esta semana, el Departamento de Comercio de Estados Unidos nos sirvió un nuevo platillo amargo al anunciar, sin previo aviso ni consulta, un arancel del 20.91 por ciento al jitomate mexicano, efectivo a partir del 14 de julio. Y lo hizo al más puro estilo gringo: sin levantar el teléfono, sin una nota diplomática y, por supuesto, sin el menor decoro.
¿Dónde quedó la cortesía entre socios comerciales? ¿Qué clase de relación bilateral permite que uno de los países —que presume de ser nuestro “aliado estratégico”— tome una decisión con impacto multimillonario sobre nuestra economía sin siquiera notificarlo al otro? El retiro del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping de 2019 es más que una medida técnica; es un portazo en la cara de la diplomacia mexicana.
No es menor el golpe: el jitomate mexicano es el quinto producto agroalimentario más valioso en nuestras exportaciones, solo detrás del tequila, la cerveza, el aguacate y el ganado bovino. En 2024, enviamos más de un millón 800 mil toneladas a Estados Unidos, con un valor superior a los 3 mil 300 millones de dólares. El 98 por ciento de esa producción cruza la frontera norte. Y ahora, de un día para otro, será gravada con un impuesto que compromete su competitividad y pone en riesgo miles de empleos rurales en México.
Lo más ofensivo no es el arancel en sí, sino la forma. Estados Unidos no dialogó, no notificó, no buscó ajustar el acuerdo existente. Simplemente decidió que “ya no le sirve” y lo descartó como quien se deshace de un contrato viejo. Se retiraron del pacto alegando que no protegía suficientemente a sus productores, sin presentar pruebas públicas, sin convocar a México a una mesa de renegociación, y sin reconocer que, en muchos casos, su industria agrícola sobrevive gracias a subsidios que en cualquier otro país serían considerados prácticas desleales.
Este proceder no es nuevo. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, México ha sido colocado en el banquillo de los acusados en la narrativa económica estadounidense. En marzo fuimos golpeados con aranceles al acero y al aluminio; también se apuntó al sector automotriz por supuestamente incumplir las reglas de origen del T-MEC. Todo esto bajo el pretexto de que no hacemos lo suficiente para frenar la migración ni el tráfico de fentanilo. Y ahora, nos castigan con tarifas sobre productos agrícolas porque “sus precios son injustos”.
¿Qué sigue? ¿El aguacate? ¿El mezcal? ¿Las berries de Michoacán? La amenaza se vuelve estructural cuando un país con el que compartimos casi 3 mil kilómetros de frontera y un acuerdo de libre comercio se comporta como un imperio caprichoso que impone sin negociar.
Esta acción demuestra que, para Estados Unidos, el T-MEC es útil solo cuando le beneficia. Cuando algo no le gusta, simplemente lo ignora. Pero no podemos permitir que este sea el nuevo estándar de la relación. Porque si normalizamos que nos impongan medidas unilaterales sin transparencia, sin discusión y sin el más mínimo respeto institucional, entonces habremos renunciado a la defensa de nuestra soberanía económica.
El Gobierno de México no puede limitarse a esperar. Debe exigir explicaciones formales y convocar, de inmediato, al mecanismo de resolución de disputas del T-MEC. Debe involucrar a los productores, a los exportadores y a los gobiernos estatales afectados. Pero, sobre todo, debe dejar claro que no está dispuesto a ser el convidado de piedra en una relación comercial de más de 700 mil millones de dólares.
La diplomacia entre socios no se hace por sorpresa, ni con comunicados unilaterales. Y si Estados Unidos ha decidido olvidar eso, México tiene la obligación —por dignidad, por estrategia y por justicia— de recordárselo. Porque, en este momento, lo que está en juego no es solo el jitomate. Es el respeto mutuo.
