Pos, ¿qué creen? Hay decisiones que llegan tarde pero con la contundencia de lo innegable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un paso que, más allá del tecnicismo jurídico, representa una victoria moral: autorizar el embargo de recursos de la subcuenta de retiro (Afore) cuando el deudor alimentario está desempleado y sin otras fuentes de ingreso, con el único propósito de garantizar la pensión alimentaria de un menor de edad.
No se trata de una disposición general ni de abrir la puerta a embargos indiscriminados sobre los ahorros para el retiro. Es, más bien, una decisión quirúrgica, necesaria y profundamente ética, que pone el interés superior de la infancia por encima de la supuesta intangibilidad de ciertos recursos financieros.
Durante años, los deudores alimentarios han encontrado mil y una formas de evadir su responsabilidad. Cambian de domicilio, renuncian a empleos formales, ocultan ingresos o, como en este caso, se parapetan tras leyes que protegen sus cuentas individuales de retiro. Pero la pregunta era inevitable: ¿cómo puede un sistema que presume ser justo y equitativo permitir que un menor pase hambre mientras su padre o madre guarda miles de pesos en una cuenta bancaria intocable?
La Corte no declaró inconstitucional el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que establece la inembargabilidad de esos fondos. Pero hizo algo más valiente: interpretó el texto desde una perspectiva de derechos humanos, y dejó claro que, en ciertos casos excepcionales, la protección a los derechos de la niñez debe prevalecer.
Resulta y resalta que se trata de un amparo concedido a una madre, cuyo expareja —burócrata desempleado— dejó de pagar pensión y pretendía escudarse en la intocabilidad de su Afore. La resolución permite que se embargue su cuenta en la misma proporción en que él podría disponer voluntariamente de esos recursos por desempleo: hasta 65 días de salario básico o el 10% del saldo.
Podrá parecer poco, pero es una señal clara a todos esos padres y madres que creen que la ley es un juego de escondidas cuando se trata de sus obligaciones más básicas. No se puede presumir dignidad cuando se evade alimentar a un hijo.
Además, el fallo exhibe otro fenómeno preocupante: la retórica violenta y de confrontación que muchas veces acompaña estas discusiones. Cada avance en derechos suele encontrar resistencia de quienes, sintiéndose dueños del sistema, se ven obligados a cumplir con reglas mínimas de convivencia. Y es que a nadie le gusta perder un privilegio.
Este golpe a los deudores alimentarios tiene una dimensión aún más profunda: reconoce que el bienestar infantil no puede estar supeditado a tecnicismos contables ni a los plazos del ahorro. El hambre no espera. La necesidad de útiles escolares, ropa o medicinas tampoco.
Y si bien esta resolución es puntual, también es simbólica. Le dice a la sociedad que el Estado no protegerá más a quienes abandonan a sus hijos y se escudan en estructuras legales para no asumir las consecuencias.
Porque no hay nada más ruin que quien abandona a sus hijos sabiendo que puede hacer algo por ellos. Y si para obligarlos hay que tocarles la cuenta del retiro, que así sea. Que esa cuenta sirva para lo que no quisieron asumir por convicción: su deber más básico como padres.
Por eso somos los rompenueces.
