Pos la gobernadora Maru Campos se comió una sopa de su propio chocolate, pues, y es que en el siempre complejo entramado de las finanzas estatales de la Liga de la Injusticia, la reciente propuesta de la mandataria para la Ley de Ingresos 2024, pues, forma parte de una historia más matizada de lo que la retórica política nos presenta.
La iniciativa de Ley de Ingresos 2024 presentada al Congreso del Estado es un documento cargado de números y porcentajes que, en teoría, delinean la estructura financiera del próximo año para Chihuahua. En el papel, la propuesta de 100 mil 546 millones de pesos destaca un aspecto revelador y que contradice a lo que Maru ha presentado a lo largo de su gobierno en su Multiverso: el 70% provendría de la Federación.
Resulta y resalta que es hartamente interesante notar cómo esta cifra contradice los discursos de Campos Galván sobre la supuesta falta de apoyo económico por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa detalla que los ingresos federales se desglosan en Participaciones Federales (52%), Aportaciones Federales (41%), y Convenios Federales (7%), pero, más allá de los porcentajes, la realidad es que la dependencia de Chihuahua de los fondos federales ha sido una constante y, aunque necesaria, plantea interrogantes sobre la verdadera autonomía financiera del estado, esa mera que doña Maru ha presumudo por acà y por allá.
Por otro lado, los ingresos propios proyectados ascienden a 28 mil 470.7 millones de pesos, con una estructura que abarca Impuestos, Derechos, Aprovechamientos, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Productos. Los incrementos proyectados, especialmente en Impuestos Estatales, pues, pueden interpretarse como un esfuerzo por aumentar la recaudación interna, aunque el impacto real en los contribuyentes queda por evaluarse.
La pregunta que persiste es si estas cifras reflejan una gestión financiera efectiva o simplemente una maniobra política para desviar la atención de otras problemáticas. ¿Es esta una estrategia para justificar decisiones presupuestarias antipopulares? La falta de claridad en la comunicación gubernamental contribuye a la creación de narrativas confusas y a la percepción de que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente.
Oséase que además, la proyección de ingresos propios presenta un aumento significativo en varios rubros, pero la conexión entre estas proyecciones y la mejora real de los servicios y programas estatales no está explícita. ¿Cómo se traducirá este aumento en beneficios tangibles para la población? La respuesta, pues, sigue y seguirá en el aire ante la falta de transparencia de la administración estatal.
Pos lo que podemos asegura es que la propuesta de Campos plantea más preguntas de las que responde. En un momento en que la confianza en las instituciones gubernamentales es crucial, la necesidad de mayor claridad y transparencia se vuelve más evidente que nunca. La gestión financiera de la Liga de la Injusticia debería ser un ejercicio claro y abierto, alejado de las sombras de la retórica política, ésa de la que Maru pide su lismosna.
