La reciente restitución de dos pensiones millonarias a exregidores del Ayuntamiento de Juárez ha encendido la indignación entre integrantes de la Asociación de Jubilados del Municipio, quienes acusan a los beneficiarios de haber obtenido sus jubilaciones de manera irregular, a través de tráfico de influencias y fraude procesal.
Se trata de José Alfredo Ramírez Rentería y Ma. Eugenia García Hernández, exregidores del H. Ayuntamiento de Juárez, quienes, de acuerdo con diversos testimonios, se hicieron pasar por trabajadores municipales con derecho a jubilación tras solo tres años de funciones, los cuales corresponden a su cargo de elección popular. Ambos habrían tramitado pensiones vitalicias que oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos anuales libres de impuestos, cifras muy por encima del promedio de los jubilados del municipio.
El caso resurgió recientemente luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), mediante una resolución encabezada por el magistrado Alejandro Tavares Calderón, ordenara reponer las pensiones que les habían sido suspendidas desde hace aproximadamente cinco años. Las pensiones se cancelaron durante la administración del entonces alcalde Armando Cabada Alvídrez, luego de que se detectaran múltiples irregularidades en su otorgamiento.
El origen del escándalo radica en que, según el artículo 5 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, ni el presidente municipal, ni los regidores, ni el síndico pueden aportar al fondo de pensiones por ser servidores públicos de elección popular y no empleados municipales. Pese a esta disposición expresa, ambos exregidores habrían logrado validar sus tres años como regidores como antigüedad laboral para acceder a una jubilación, lo que representaría una violación clara al reglamento.
Lo que ha desatado el enojo entre jubilados y pensionados es que Ramírez Rentería y García Hernández comenzaron a presentarse recientemente a las juntas de la Asociación de Jubilados del Municipio, presumiendo la restitución de sus pagos como un logro personal, sin considerar el agravio que esto representa para quienes cumplieron toda una vida laboral y aún enfrentan procesos largos para obtener su pensión.
En las próximas semanas se interpondría las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
ExAlgunos de los delitos que pueden configurarse son el fraude procesal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delito continuado y lo que resulte, ya que se trata de beneficios económicos obtenidos a través de actos posiblemente ilegales y que siguen vigentes. También se cuestionó la legalidad del fallo emitido por el TEJA, por lo que no se descarta una denuncia formal ante el órgano interno de control del Tribunal para que se revise el actuar del magistrado Alejandro Tavares.
De probarse la ilegalidad del fallo, el Ayuntamiento podría solicitar que se revoque el acuerdo por tratarse de un caso de «cosa juzgada fraudulenta», una figura jurídica que permite revisar sentencias definitivas cuando se obtienen mediante engaños o falseamiento de la verdad.
