Redacción
México pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Ecuador sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en tanto su gobierno no exprese una disculpa pública por la violenta agresión a la embajada mexicana en Quito y a su personal diplomático.
La canciller Alicia Bárcena dijo hoy en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno mexicano demanda ante la CIJ -que tiene competencia para dirimir disputas entre Estados- que Ecuador se disculpe y reconozca las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales.
Al presentar en Palacio Nacional un resumen del fundamento y del contenido de la demanda ante la CIJ, Bárcena dijo que, entre otros puntos, se busca que los jueces internacionales establezcan el precedente de que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU.
Lo que se busca, dijo el presidente López Obrador, es evitar que en el futuro se repitan situaciones como esta.
“Lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, es poner a prueba el sistema multilateral”, aseguró Bárcena. Dijo que el mundo está viendo violaciones graves al derecho internacional y por eso México quiere sentar un precedente con esta demanda contra el gobierno de Daniel Noboa.
Cuestionada sobre qué consecuencias podría haber directamente para Noboa, Bárcena dijo que dada la gravedad de la agresión, México está analizando incluso interponer eventuales acusaciones de tipo penal contra funcionarios ecuatorianos. “Ecuador y su propio pueblo tendrán que decidir cuál es el futuro político de Noboa”, puntualizó.
El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, dijo que el término técnico para la demanda presentada ante la CIJ es una “Solicitud de inicio de procedimiento” y está basada en que Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas -de la que México y Ecuador son firmantes y que señala que los locales diplomáticos y el personal diplomático son inviolables, sin excepciones- con las acciones emprendidas contra la embajada mexicana.
